La presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación de Costa Rica, Yanancy Noguera Calderón, señaló las tensiones que enfrenta el país en torno al uso de los recursos públicos para la comunicación pública. Su advertencia es clara: la pauta estatal no puede convertirse en un mecanismo de premio o castigo político, porque en ese momento deja de ser comunicación pública y se convierte en propaganda. Este planteamiento nos invita a reflexionar sobre la pregunta: ¿es deseable y posible una comunicación pública eficaz y objetiva desde un medio de comunicación?

Una comunicación pública objetiva y eficaz no sólo es deseable, sino indispensable en la democracia. La ciudadanía necesita información clara, verificable y transparente para tomar decisiones conscientes. Cuando los gobiernos utilizan los medios públicos o la pauta estatal con fines partidarios, debilitan la credibilidad institucional y erosionan el derecho ciudadano a estar informado.
Como apuntó Noguera en el II Foro II Foro denominado “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART, que se llevò a cabo el jueves 31 de julio de 2025 en el Salón de Exjefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa.

La comunicación debe orientarse al interés general, no a la conveniencia del poder. Esa es la esencia de la comunicación pública: garantizar que los recursos estatales se utilicen para fortalecer la democracia y no para consolidar la imagen de un gobierno.

La pregunta más compleja es ¿si esa comunicación objetiva es posible? La respuesta es sí, pero requiere condiciones institucionales y culturales que no siempre están presentes:

• Criterios técnicos y transparentes para la distribución de pauta estatal, definidos por ley y auditables por órganos independientes.

• Autonomía real de los medios públicos, de manera que no estén subordinados al gobierno de turno.

• Ética profesional y autorregulación en los medios privados y públicos, para evitar que intereses comerciales o políticos definan la agenda informativa.

• Participación ciudadana, que permita fiscalizar los contenidos y exigir rendición de cuentas sobre cómo se comunican los asuntos de interés nacional.

Si estos elementos no existen, la comunicación pública se desnaturaliza y en lugar de informar, se transforma en instrumento de manipulación. Las denuncias de la presidenta del Colper sobre la utilización de la pauta como castigo a los medios críticos son un recordatorio de que esta amenaza es real y cercana y de ahí la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART.

Sí, es deseable y posible una comunicación pública eficaz y objetiva pero solo se logrará en la medida en que se blinden los medios públicos y la pauta estatal contra los vaivenes políticos, y se fortalezcan las instituciones que velan por la transparencia. Lo contrario sería aceptar que la información, en vez de servir al bien común, se convierta en un arma de poder.

El reto está planteado y el Colper en la voz de Yanancy Noguera abre la discusión, pero corresponde a la sociedad costarricense y en especial a sus instituciones y gremios profesionales garantizar que la comunicación pública sea lo que debe ser: un servicio democrático al ciudadano, no un privilegio del gobernante.