La conmemoración del 30 aniversario de la promulgación de la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, representa una oportunidad para reflexionar no solo sobre los avances alcanzados por Costa Rica en materia de accesibilidad e inclusión, sino también sobre un desafío aún vigente: el tratamiento responsable de la información relacionada con las personas en situación de discapacidad.

Promulgada el 29 de mayo de 1996, la Ley 7600 sentó un precedente en el reconocimiento de derechos y en la construcción de condiciones de igualdad para esta población. Treinta años después, su legado también interpela directamente a los medios de comunicación y al ejercicio periodístico sobre cómo se informa, representa y visibiliza a las personas con discapacidad en el espacio público.

Para Eduardo Valenzuela Elizondo, periodista del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC) del Ministerio de Educación Pública, esta conmemoración debe verse como un llamado a fortalecer el compromiso ético de quienes comunican.

“La accesibilidad no debe entenderse únicamente como una adecuación técnica, sino como un compromiso ético y social con el derecho de todas las personas a informarse, participar y ser visibilizadas en igualdad y equidad de condiciones”, señaló.

Desde su perspectiva, aunque durante estas tres décadas se han dado avances importantes en la incorporación de enfoques más inclusivos y en la sensibilización sobre el lenguaje relacionado con discapacidad, persisten barreras importantes en la producción y acceso a contenidos informativos, particularmente en ámbitos como la accesibilidad digital, la interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO), el subtitulado y la audiodescripción.

Más allá de la accesibilidad técnica, el desafío también pasa por el enfoque desde el cual se construyen las historias. Evitar narrativas asistencialistas, sensacionalistas o basadas en estereotipos continúa siendo parte de la responsabilidad social del periodismo.

“El periodismo tiene un rol clave en la construcción de una sociedad más inclusiva. Nuestra responsabilidad no se limita a informar, sino también a contribuir con la transformación cultural, promoviendo narrativas basadas en derechos humanos, dignidad y participación plena”, añadió Valenzuela.

En ese contexto, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) reitera la importancia de ejercer una comunicación responsable, ética y centrada en los derechos humanos, especialmente cuando se abordan temas relacionados con poblaciones históricamente vulnerabilizadas.

Como parte de este compromiso, el Colper mantiene publicada la Guía de cobertura periodística con Enfoque en Derechos Humanos, una herramienta orientada a fortalecer el tratamiento responsable de la información y promover coberturas respetuosas, inclusivas y libres de estigmatización. La guía plantea principios para el uso adecuado del lenguaje, el abordaje ético de las fuentes y la construcción de narrativas que reconozcan a las personas con discapacidad como sujetas de derechos y no desde perspectivas reduccionistas.

Además realizó una capacitación sobre el lenguaje inclusivo en la cobertura de noticias el pasado jueves 21 de mayo como parte de los esfuerzos por promover una comunicación responsable.

A 30 años de la Ley 7600, el desafío sigue vigente: consolidar el acceso a la información, la representación digna y el respeto a los derechos humanos formen parte esencial del ejercicio periodístico y de la responsabilidad de informar.